Reflexionando sobre los FAD: Forma de Arruinar el Desarrollo

Los créditos FAD o Fondo de Ayuda al Desarrollo son un instrumento crediticio nacido en 1976 en virtud del cual el gobierno español destina un cierto fondo a países que están en vías de desarrollo persiguiendo con ello un doble objetivo:

Por un lado se trata de créditos que permiten la entrada de empresas españolas en países empobrecidos para que España pueda de esta forma dar a conocer sus productos y su mercado fuera de sus fronteras adquiriendo una condición de competitividad ventajosa en relación a la que podría alcanzar en países con similar desarrollo económico al español.

Por otro lado posibilita que los países en vías de desarrollo accedan a condiciones más favorables en términos crediticios que las que podrían tener en una situación de mercado corriente. Ello es debido a que estos créditos tienen el matiz de entenderse como deuda concesional al tener un obligado porcentaje de donación sin intereses (un mínimo del 35%).

 La pregunta que subyace al intentar expresar la finalidad de este instrumento aparentemente solidario es la siguiente: ¿fomentar la internacionalización de la economía española en países del tercer mundo es un objetivo compatible con atender las necesidades de los países más empobrecidos? ¿Puede haber un entendimiento unánime entre intereses empresariales y humanitarios?

Para empezar a abordar estas preguntas hay que tener en cuenta que estos créditos son concedidos de manera ligada. Esto significa que para poder recibirlos, los países que se endeudan han de hacerlo, además, comprando los bienes y servicios españoles. Ello excluye la posibilidad de, al menos, potenciar sus recursos internos haciendo uso de mano de obra local, con una nula libertad de contratación que les posibilite fomentar sus propias empresas locales en la realización de proyectos españoles. Esto implica que los beneficios que redundan de la aplicación de estos proyectos recaen únicamente en la economía española, lo cual no sería tan llamativo si no fuera porque precisamente se trata, al ser un Fondo de Ayuda, de fortalecer economías empobrecidas.

En este sentido, resulta bastante comprensible la contundente afirmación que el Informe de Desarrollo Humano en 2005 hizo al respecto del uso de estos créditos por los países ricos: Posiblemente, la práctica de “atar” las transferencias financieras a la adquisición de servicios y bienes en los países donantes es la forma más notoria de arruinar subrepticiamente la eficacia de la ayuda.

Desde hace ya muchos años, tanto la sociedad civil organizada en sus diversas formas (ONGs, asociaciones…), como los partidos políticos de la oposición, como el propio Gobierno, han expresado la necesidad de reforma de este instrumento. Sin embargo, como muchos otros asuntos, no dejan de ser papeles encima de una mesa de compromiso electoral. Vistas las incompatibilidades tanto políticas, como económicas, como sobre todo morales de estos créditos, muchos han sido los compromisos del gobierno actual en la limitación de las concesiones de este tipo. Compromisos que no han sido sino asunciones teóricas violadas de manera sistemática y sutil.

Poco después de asumir el cargo el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación afirmaba: “estamos trabajando de manera serena y ordenada para afrontar los problemas graves de concepción y de gestión que hemos heredado y por tanto el FAD será objeto prioritario en la revisión de los criterios”. Asimismo, la ley 38/2006 socialista reguladora de la gestión de la deuda externa, expresaba en una de sus disposiciones que “El Gobierno presentará en las Cortes Generales, para su tramitación y, en su caso, aprobación en la presente Legislatura, un Proyecto de Ley que regule el Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD).” Papel mojado, al menos por ahora. Aunque según Miguel Sebastián, Ministro de Industria, se trata de una reforma que “está cerca”.

Con la tan trajinada revisión, se habla de la sustitución de los FAD por otros dos que tratarían de cumplir los mismos objetivos pero de forma separada, para así, al menos, ser coherente con sus pretensiones teóricas. El primero de estos fondos prometidos se conocerá con el nombre de Fondo de Promoción del Desarrollo, y su carácter novedoso respecto de los FAD redunda en que dejarán de ser, como éstos, de carácter ligado, y por tanto habrá libertad de contratación de empresas y mano de obra local. Al menos en teoría y en principio. El segundo de ellos será el Fondo para la Internacionalización de la Empresa, que perseguirá de manera manifiestamente definida un fin comercial aunque ajustado a las directrices de la cooperación española.

No obstante, muchas son las buenas voluntades con las que el gobierno se comprometió desde 2004. Es por ello que resulta algo confuso que sea el mismo Gobierno que a través de Moratinos nos prometió abordar este tema como prioritario, el que por primera vez en su historia aprobó en 2006 la mayor dotación anual presupuestaria a los créditos FAD con un total de 850 millones de euros.

Por otro lado, si tenemos en cuenta que hasta el momento uno de los criterios inviolables a la hora de seleccionar los países destinatarios era, según el Secretario de Estado de Comercio, “ser países solventes y gozar de una razonable situación financiera desde el punto de vista de la deuda”, no se entiende cómo el Gobierno sólo en 2004 y 2005 aprobó más de 55 millones de euros para países como Ghana, Mauritania, Senegal y Nicaragua, países todos ellos altamente endeudados que no aguantan nuevos créditos ni en condiciones normales de mercado ni fuera de ellas.

En otro orden de cosas, potencias económicas como China o Indonesia, ocuparon en 2004 las primeras posiciones en las listas de destinatarios de los FAD, no siendo ni mucho menos países núcleo de atención de la cooperación española. Asimismo, ante el terrible tsunami que azotó en 2004 parte de la costa asiática, el gobierno aprobó unas partidas el 72% de las cuales estaban constituidas por fondos FAD en el paquete de la “ayuda humanitaria” que el gobierno español envió. Indicativo preocupante para la AECI y el Gobierno es que ninguno de los países afectados respondió a esta oferta.

Si el presente no nos es suficiente, el reciente pasado histórico no resulta más convincente al respecto. Somalia tiene en la actualidad una deuda con España que suma un total de 22,63 millones de euros. ¿De dónde surge semejante monto de dinero? Se retrotrae a la dictadura de Mohamed Siad Barre y a la compra que hizo en aquel momento al gobierno de Felipe González de una serie de vehículos militares que alentaban el funcionamiento del régimen dictatorial. ¿Es normal que esta deuda computara a efectos de Ayuda al Desarrollo? ¿De qué sirve condonar deudas si con ellas financiamos guerras, hambre y pobreza? Es más, ¿alguien tendría la desvergüenza moral de decir que se ha coadyuvado al desarrollo de un país por el hecho de condonar o canjear una deuda externa tan ilegítima como esta? María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta del Gobierno, anunció en 2006 que Somalia iba a ser uno de los países beneficiados del canje de la deuda por proyectos educativos.  Si el canje de deudas externas es más una maldición que una bendición es objeto de otro artículo.

Por el momento parece que FAD puede llevar a conclusiones equívocas. No es lo mismo hablar de Fondos de Ayuda al Desarrollo que de Forma de Arruinar el Desarrollo.

 

 

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