Los piratas del siglo XXI

Película de El Jardinero Fiel.- Google Imágenes

Película de El Jardinero Fiel.- Google Imágenes

El Jardinero fiel, una gran película basada en la novela de John Le Carré, sacudía en 2005 el mundo del cine y daba voz a una situación que permanece impune en el desconocimiento social, la de los intereses de las poderosas multinacionales  farmacéuticas.

Estas empresas se encuentran entre las industrias que más dinero mueven en el mundo, se trata de un sector cuyo valor ronda los 700.000 millones de dólares. Para hacernos una ligera idea, el mejicano Carlos Slim, que recientemente ha sido de nuevo confirmado por la revista Forbes como el hombre más rico del mundo, posee un capital de 73.000 millones.  Como todo gran negocio, para las farmacéuticas no es fácil mantener este estatus, y por eso concentran todos sus esfuerzos en crear nuevos medicamentos que les permitan generar nuevas patentes.

Sin embargo, resulta interesante preguntarse de dónde surgen esas patentes, quiénes se lucran de los cuantiosísimos beneficios que éstas generan o de qué conocimientos se nutren las investigaciones farmacéuticas.

Recientemente, el Parlamento Europeo ha debatido un informe presentado por una diputada del Grupo Verde de la Eurocámara acerca de estas cuestiones. En la actualidad, en torno a tres cuartas partes de la población mundial depende de medicamentos compuestos a base de elementos naturales como  plantas o flores con propiedades medicinales. Por ejemplo, la vinca rosa, una flor procedente de Madagascar, es fundamental para el desarrollo de fármacos que luchan contra enfermedades como la leucemia o la diabetes. Para que estas propiedades sean descubiertas por las farmacéuticas que dan lugar a los medicamentos, estas empresas recurren en sus investigaciones a la sabiduría popular de los pueblos indígenas que viven en países en desarrollo fundamentalmente de África. Una vez que estas multinacionales han dado con el fármaco final, protegen su descubrimiento a través de patentes que les revertirán ingresos con carácter exclusivo durante los diez años siguientes. Parecería coherente y justo que en la medida en que tres cuartas partes de esos ingresos se deben al conocimiento prestado por poblaciones indígenas, éstas pudieran beneficiarse de parte de esos ingresos. Sin embargo, cabe apelar de nuevo al Jardinero Fiel, porque evidentemente esto no sucede.

Esta realidad responde a lo que se conoce como biopiratería, definida por el  citado Informe del Parlamento Europeo como “la apropiación indebida o la obtención ilícita de beneficios comerciales por el uso de conocimientos tradicionales”

Son numerosos los instrumentos jurídicos a nivel internacional que protegen la propiedad intelectual de estos conocimientos populares, y estipulan no sólo que el uso de los mismos debe producirse de acuerdo con el consentimiento previo y explícito de los países en desarrollo, sino que además debe hacerse bajo unas condiciones mutuamente acordadas, lo cual incluye una lógica participación de los beneficios generados por los medicamentos patentados, que recordemos, generan 700.000 millones de dólares. La Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (2007) y sobre todo el Protocolo de Nagoya  sobre el Acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios  que se deriven de su utilización (protocolo al Convenio de Diversidad Biológica), que supuso en 2010 sin  duda un avance muy importante en materia de lucha contra la biopiratería, son dos de tales instrumentos. Un Protocolo este último que por cierto, aún no ha sido ratificado por la Unión y sus Estados Miembros, una de las demandas del Informe que hemos citado.

Es fundamental para que esta situación cambie que los países en desarrollo sean capaces de elaborar legislación en materia de Acceso y Participación de Beneficios, pues de lo contrario, obligar a los países occidentales a respetar el valioso conocimiento sobre los recursos naturales de las poblaciones africanas, redunda en una tarea prácticamente imposible. Sin embargo, esto supone un esfuerzo adicional para Estados que en gran medida, son frágiles en capacidades jurídicas e institucionales. En este sentido, la fortaleza de las instituciones es vital para el éxito de ésta y otras cuestiones relacionadas con cooperación al desarrollo.

La Unión Europea puede presumir de ser el primer donante de ayuda humanitaria del mundo, y es precisamente por esa razón por la que se le puede exigir a la Unión que en cuestión de derechos de propiedad intelectual desarrolle una política coherente con la trayectoria responsable en cooperación y ayuda humanitaria que viene caracterizando a Europa. Ratificar el Protocolo de Nagoya sería un buen comienzo , lo cual debe ir acompañado de un firme compromiso por contribuir al fortalecimiento institucional de los países en desarrollo. Propuestas concretas en esta materia serían, por ejemplo, ayudarles a elaborar bases de datos con conocimientos tradicionales, como proponía la diputada ponente del informe.

Parece que el Parlamento Europeo, y en concreto la diputada de los Verdes Catherine Grèze, ha comenzado un buen trabajo al contribuir a destapar la situación de espoleo a la que los países en desarrollo y sus pueblos son sometidos por parte de las grandes multinacionales con el beneplácito de los gobiernos occidentales, ansiosos por generar valor mediante políticas de I+D+i que protejan a sus empresas.

Sin embargo, resulta cuanto menos contradictorio que sea ésta la misma institución que permite a cientos de lobbies y grupos de presión imponer sus intereses en la legislación que aprueban las instituciones comunitarias. El pasado mes de febrero la ONG Privacy Internacional denunciaba que varios diputados del Parlamento Europeo habían copiado literalmente párrafos completos de las enmiendas de ciertos lobbies relativas a la Ley de Protección de Datos de los consumidores que se está tramitando en la Eurocámara.  No parece que esté dando muchos frutos el Nuevo Código de Conducta que el Parlamento Europeo aprobó en diciembre de 2011 como consecuencia de una situación parecida.

De todas formas, y aunque esta no es la única de las contradicciones  a las que el Parlamento Europeo da lugar frecuentemente, cabe albergar un poco de esperanza en que al menos, el buen hacer en esta ocasión de la Eurocamara al denunciar la biopiratería, dé lugar a que los países en desarrollo puedan disfrutar de los derechos que les pertenecen.

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