España está entre Polonia y Cabo Verde

No se trata de un error de ubicación geográfica: España se encuentra situada entre Polonia y Cabo Verde.

Recientemente Transparencia Internacional ha publicado su ránking global de percepción de la corrupción 2013. Esta organización internacional lleva publicando desde 1995 este índice, que mide los niveles de percepción de corrupción que hay en el sector público de 177 países a partir de macroencuestas realizadas a expertos y empresas privadas.

Según el informe de 2013 España ha caído 10 posiciones con respecto al pasado año (de la posición 30 en 2012 a la 40 en 2013), lo que significa que la apreciación pública de la corrupción ha aumentado de modo alarmante.

En una consulta rápida de los datos  publicados por países se aprecia sin dificultad el conjunto de países con los que España puede compararse a este respecto. Para empezar, ningún otro país de la OCDE se encuentra incluido entre aquellos que han retrocedido de manera tan notable en el ránking a lo largo del último año. Muy por el contrario, se codea con los percibidos como más corruptos entre los que se encuentran Sri Lanka (pierde 12 posiciones), Tailandia (-14), Gambia (-22), Mali (-22), Uganda (-10), Iran (-12) o Sira (-24).

Lo cierto es que hay otros índices, incluso presentados por la propia Transparencia Internacional, que miden niveles de corrupción. Por eso me parece especialmente debida la necesidad de explicar porqué escojo este índice, o lo que es lo mismo, porqué hago de España en este artículo la corrupta vergüenza de la OCDE.

Para ello, no puedo sino referirme a un término con el que se nos llena la boca y se nos hincha el orgullo: democracia. La democracia tiene como protagonistas a los ciudadanos, pues sin ellos y sin su participación activa, como mínimo mediante los procesos electorales, la democracia carece de sentido. Siendo esto así, el cómo los ciudadanos perciben el funcionamiento y honestidad en el quehacer público, da buena cuenta de la salud democrática.

Morlino, un autor que ha dedicado buena parte de su obra al estudio de la democracia, entiende que la calidad democrática de un país se mide a partir de tres puntos: el grado de  respeto a los procedimientos normativos especialmente en los procesos electorales, los rendimientos efectivos del sistema en términos de respeto a los derechos de los ciudadanos y la satisfacción o no de las expectativas ciudadanas con respecto al funcionamiento de la democracia. Un nivel de percepción de corrupción como el que hay en España en este momento, es nítido reflejo de que la satisfacción pública con el ejercicio del poder es dramáticamente insuficiente. Por lo que, como probablemente Morlino estaría de acuerdo en afirmar, la calidad democrática está claramente deteriorada en España.

Ahora bien, y aunque sólo sea por justicia, conviene tener muy presente que en la presentación del informe Transparencia Internacional ha hecho una inequívoca distinción entre la corrupción política y la administrativa. Esta segunda, brilla por su ausencia en España, lo cual honra a la función pública de este país. De este modo, lo que los ingleses denominan petty corruption, es, como ya hay quien ha dejado patente, abrumadoramente inexistente en España.

¿De dónde procede, por tanto, tan justificada alarma social? Porque lo cierto es que hay datos innegables: el 1% del PIB español, es decir, unos 10.500 millones de euros anuales, son imputables a la corrupción. De sobra han sido a lo largo de este año conocidos  el caso Bárcenas, el caso Urdangarín o los ERE, por mencionar sólo una ínfima parte de entre los más mediáticos.

El verdadero problema por tanto en España, podría reconducirse hacia dos grandes nidos de corrupción: el urbanismo y los partidos políticos.

El primero, está claramente en conexión con las tres fuentes de las que ha bebido:  los años de silenciosa formación de la burbuja inmobiliaria que tantos problemas nos ha dado y nos seguirá dando, el modelo de financiación de las entidades locales y la impunidad que existe en España hacia la corrupción. Como afirma el catedrático Manuel Villoria, “no se persigue suficientemente la corrupción… en Polonia (recordemos, situado un puesto por delante que España) hubo 3.000 sentencias por corrupción el año pasado. Aquí hubo unas 90. Hay impunidad”. Y por si este dato fuera insuficiente, Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional España apuntaba en agosto que “el 70% de los políticos que estaban imputados por corrupción han sido reelegidos en las últimas elecciones locales”. Es decir, rampante impunidad no sólo desde el poder judicial sino también desde las urnas y por parte de una ciudadanía pasiva a la que no parece importar demasiado quién gestiona  los recursos públicos.

El segundo nido de corrupción, y verdadera calamidad nacional, son los partidos políticos en España. No bastan unas meras líneas de blog para transmitir la indescriptible decepción que los partidos políticos protagonizan en estos tiempos en España. Ya hay quien a lo largo del año se ha encargado brillantemente de resaltar la vergüenza que éstos son: Daniel Innerarity, César Molinas, Gómez Yañez o Juan José Toharia, entre otros.

Para una genuina regeneración de éstos, es inaplazable una verdadera reforma de la ley de partidos de 2002, una ley que en su  momento persiguió objetivos claramente determinados y no tuvo como prioridad democratizar verdaderamente su funcionamiento, algo que más de una década después se presenta como urgente necesidad.

Asimismo, es fundamental algo de lo que se sigue huyendo y lamentablemente así continuará siendo: una reforma del sistema electoral que devuelva al voto la esencia de lo que verdaderamente representa, el mecanismo de rendición de cuentas por excelencia de la democracia. Mientras continuemos con el vigente sistema basado en circunscripciones plurinominales de listas cerradas y bloqueadas al que Gaspar Ariño denomina de “Secretariado”, ésta seguirá siendo la ansiada reforma por la que suspiremos.

Ante todo ello, la respuesta es una: transparencia. Esa manoseada y recientemente afamada palabra de la que no conocemos ni el significado. Ese término al que la OCDE define como el “proceso por el cual la información de las condiciones existentes es accesible de modo visible y entendible para la toma de decisiones y acciones”.

Precisamente para dotar de contenido al término ha surgido la necesaria, mediática y tardía en España Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Pero lo ha hecho con importantes defectos que le restarán los envidiables efectos que ha tenido en otros lugares del mundo.

Norberto Bobbio, otro de los imprescindibles, transmitió la decepción que sentía con respecto a la democracia cuando ya en los años 80 expuso sus conocidas promesas incumplidas de la democracia. Una de ellas, claramente corroborada por los datos que se han analizado en este artículo, la dedicaba al fracaso que las sociedades de entonces (y las de ahora) han tenido en la transmisión a la ciudadanía del amor y el respeto por la cosa pública, que han desembocado en un apabullante crecimiento de la apatía política. En España todavía tenemos mucho que aprender.

¿Cuándo la democracia cumplirá sus promesas? Cuando España esté entre Dinamarca y Nueva Zelanda. O lo que es lo mismo y por muy pesimista que suene, cuando las ranas críen pelo.

Anuncios
Esta entrada fue publicada en Política española y etiquetada , , , , , . Guarda el enlace permanente.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s