España está entre Polonia y Cabo Verde

No se trata de un error de ubicación geográfica: España se encuentra situada entre Polonia y Cabo Verde.

Recientemente Transparencia Internacional ha publicado su ránking global de percepción de la corrupción 2013. Esta organización internacional lleva publicando desde 1995 este índice, que mide los niveles de percepción de corrupción que hay en el sector público de 177 países a partir de macroencuestas realizadas a expertos y empresas privadas.

Según el informe de 2013 España ha caído 10 posiciones con respecto al pasado año (de la posición 30 en 2012 a la 40 en 2013), lo que significa que la apreciación pública de la corrupción ha aumentado de modo alarmante.

En una consulta rápida de los datos  publicados por países se aprecia sin dificultad el conjunto de países con los que España puede compararse a este respecto. Para empezar, ningún otro país de la OCDE se encuentra incluido entre aquellos que han retrocedido de manera tan notable en el ránking a lo largo del último año. Muy por el contrario, se codea con los percibidos como más corruptos entre los que se encuentran Sri Lanka (pierde 12 posiciones), Tailandia (-14), Gambia (-22), Mali (-22), Uganda (-10), Iran (-12) o Sira (-24).

Lo cierto es que hay otros índices, incluso presentados por la propia Transparencia Internacional, que miden niveles de corrupción. Por eso me parece especialmente debida la necesidad de explicar porqué escojo este índice, o lo que es lo mismo, porqué hago de España en este artículo la corrupta vergüenza de la OCDE.

Para ello, no puedo sino referirme a un término con el que se nos llena la boca y se nos hincha el orgullo: democracia. La democracia tiene como protagonistas a los ciudadanos, pues sin ellos y sin su participación activa, como mínimo mediante los procesos electorales, la democracia carece de sentido. Siendo esto así, el cómo los ciudadanos perciben el funcionamiento y honestidad en el quehacer público, da buena cuenta de la salud democrática.

Morlino, un autor que ha dedicado buena parte de su obra al estudio de la democracia, entiende que la calidad democrática de un país se mide a partir de tres puntos: el grado de  respeto a los procedimientos normativos especialmente en los procesos electorales, los rendimientos efectivos del sistema en términos de respeto a los derechos de los ciudadanos y la satisfacción o no de las expectativas ciudadanas con respecto al funcionamiento de la democracia. Un nivel de percepción de corrupción como el que hay en España en este momento, es nítido reflejo de que la satisfacción pública con el ejercicio del poder es dramáticamente insuficiente. Por lo que, como probablemente Morlino estaría de acuerdo en afirmar, la calidad democrática está claramente deteriorada en España.

Ahora bien, y aunque sólo sea por justicia, conviene tener muy presente que en la presentación del informe Transparencia Internacional ha hecho una inequívoca distinción entre la corrupción política y la administrativa. Esta segunda, brilla por su ausencia en España, lo cual honra a la función pública de este país. De este modo, lo que los ingleses denominan petty corruption, es, como ya hay quien ha dejado patente, abrumadoramente inexistente en España.

¿De dónde procede, por tanto, tan justificada alarma social? Porque lo cierto es que hay datos innegables: el 1% del PIB español, es decir, unos 10.500 millones de euros anuales, son imputables a la corrupción. De sobra han sido a lo largo de este año conocidos  el caso Bárcenas, el caso Urdangarín o los ERE, por mencionar sólo una ínfima parte de entre los más mediáticos.

El verdadero problema por tanto en España, podría reconducirse hacia dos grandes nidos de corrupción: el urbanismo y los partidos políticos.

El primero, está claramente en conexión con las tres fuentes de las que ha bebido:  los años de silenciosa formación de la burbuja inmobiliaria que tantos problemas nos ha dado y nos seguirá dando, el modelo de financiación de las entidades locales y la impunidad que existe en España hacia la corrupción. Como afirma el catedrático Manuel Villoria, “no se persigue suficientemente la corrupción… en Polonia (recordemos, situado un puesto por delante que España) hubo 3.000 sentencias por corrupción el año pasado. Aquí hubo unas 90. Hay impunidad”. Y por si este dato fuera insuficiente, Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional España apuntaba en agosto que “el 70% de los políticos que estaban imputados por corrupción han sido reelegidos en las últimas elecciones locales”. Es decir, rampante impunidad no sólo desde el poder judicial sino también desde las urnas y por parte de una ciudadanía pasiva a la que no parece importar demasiado quién gestiona  los recursos públicos.

El segundo nido de corrupción, y verdadera calamidad nacional, son los partidos políticos en España. No bastan unas meras líneas de blog para transmitir la indescriptible decepción que los partidos políticos protagonizan en estos tiempos en España. Ya hay quien a lo largo del año se ha encargado brillantemente de resaltar la vergüenza que éstos son: Daniel Innerarity, César Molinas, Gómez Yañez o Juan José Toharia, entre otros.

Para una genuina regeneración de éstos, es inaplazable una verdadera reforma de la ley de partidos de 2002, una ley que en su  momento persiguió objetivos claramente determinados y no tuvo como prioridad democratizar verdaderamente su funcionamiento, algo que más de una década después se presenta como urgente necesidad.

Asimismo, es fundamental algo de lo que se sigue huyendo y lamentablemente así continuará siendo: una reforma del sistema electoral que devuelva al voto la esencia de lo que verdaderamente representa, el mecanismo de rendición de cuentas por excelencia de la democracia. Mientras continuemos con el vigente sistema basado en circunscripciones plurinominales de listas cerradas y bloqueadas al que Gaspar Ariño denomina de “Secretariado”, ésta seguirá siendo la ansiada reforma por la que suspiremos.

Ante todo ello, la respuesta es una: transparencia. Esa manoseada y recientemente afamada palabra de la que no conocemos ni el significado. Ese término al que la OCDE define como el “proceso por el cual la información de las condiciones existentes es accesible de modo visible y entendible para la toma de decisiones y acciones”.

Precisamente para dotar de contenido al término ha surgido la necesaria, mediática y tardía en España Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Pero lo ha hecho con importantes defectos que le restarán los envidiables efectos que ha tenido en otros lugares del mundo.

Norberto Bobbio, otro de los imprescindibles, transmitió la decepción que sentía con respecto a la democracia cuando ya en los años 80 expuso sus conocidas promesas incumplidas de la democracia. Una de ellas, claramente corroborada por los datos que se han analizado en este artículo, la dedicaba al fracaso que las sociedades de entonces (y las de ahora) han tenido en la transmisión a la ciudadanía del amor y el respeto por la cosa pública, que han desembocado en un apabullante crecimiento de la apatía política. En España todavía tenemos mucho que aprender.

¿Cuándo la democracia cumplirá sus promesas? Cuando España esté entre Dinamarca y Nueva Zelanda. O lo que es lo mismo y por muy pesimista que suene, cuando las ranas críen pelo.

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¿Tercera guerra mundial?

Recientemente Lord Meghnad Desai, destacado académico de la London School of Economics, sorprendió a los alumnos de un curso que ha tenido lugar este mes de noviembre en Madrid con el vaticinio de una previsible guerra en los próximos seis meses entre Japón y China. Quienes estábamos presentes, parecimos desconfiar unos segundos de nuestro inglés. Pero habíamos entendido bien: la disputa territorial que lleva ya varios meses omnipresente en todos los medios de comunicación y que ha revivido la histórica rivalidad entre estas dos potencias, parece confirmar no sólo que el poder económico mundial se ha desplazado hacia el Pacífico, sino que a ello acompaña también el desplazamiento de una tensión militar que puede estallar en cualquier momento. Lo cierto es que los recientes acontecimientos en relación con el nuevo mapa aéreo definido por China y los mensajes indirectos pero claros lanzados por Estados Unidos, así como la respuesta dada por el gigante asiático, caminan en esa dirección.  Y lo cierto también, es que el renombrado profesor no está solo, y son cada vez más quienes muestran cautela ante la tirantez de las relaciones chino-niponas. Sin ir más lejos, hoy Lluis Bassets ponía de manifiesto en un interesante pero  nada halagüeño artículo, una lectura bastante certera de lo que parece que se está moviendo en este lado del planeta.

Resulta especialmente atemorizante este horizonte si se tiene en cuenta el papel que China juega en el mundo y el que, sobre todo, va a jugar en las próximas décadas. Estados Unidos está mostrando su intención de dejar de ser la superpotencia que por todo el s.XX y hasta ahora ha sido: desde su revolución energética, pasando por Libia y Siria confirman la nueva estrategia del “leading from behind”. Paralelamente a esta realidad, China ha desplegado sus tentáculos de milenario imperio por todo el planeta en los últimos años de crisis mundial: desde América Latina a África, pasando por la deuda americana sin olvidar la española. El peligro de este intercambio de papeles entre las dos potencias reside en que a diferencia de Estados Unidos, China no es un país democrático, y por tanto confiarle el rol hobbesiano de guardián planetario es más que cuestionable en términos de efectiva seguridad global. Lo indiscutible es el ya patente despliegue de su influencia. Ha sido abrumador pero no lo hemos percibido hasta hace muy poco tiempo. Y, ahora además del enorme poderío económico, hemos de sumar al contador intenciones militares patentemente peligrosas.

Julián Pavón, profesor universitario español que ha cosechado un importante éxito académico en los últimos años tras sus trabajos sobre China, ha sido reconocido por su teoría acerca del por él denominado modelo de crecimiento parasitario chino. PARASITO: pacífico, rápido, silencioso, total. La disputa por las islas Senkaku (en japonés) pone ahora en cuestión el primero de esos ingredientes que conforman un acrónimo perfecto. China y Japón son dos países que han rivalizado entre sí históricamente, y las heridas de la segunda guerra mundial, profundamente agravadas en Manchuria, no han dejado de sangrar en la memoria china.

El arte de la guerra consiste en vencer sin necesidad de combatir, ese es el consejo que Sun Tzu dejaba como herencia a una civilización ya viva en el siglo VIII a.C. Y desde luego, la expansión económica de China ha sido espectacular desde los años 80 no sólo por las cifras de su PIB, sino por la bandera pacífica que ha ondeado durante estos años de deslumbrante esparcimiento. Ha sobrepasado a Europa y próximamente superará sin mucho esfuerzo a Estados Unidos, sin necesidad de haber desenfundado las armas del ejército más numeroso del mundo.

¿Seguirá este modelo pacífico ahora que la latente tentación bélica se está convirtiendo en una idea manifiestamente explícita? En opinión de Julián Pavón, un escenario de conflicto manifiesto es improbable, entre otras cosas porque la interdependencia económica y comercial entre ambos países convierte en desfavorable para los dos el inicio de un conflicto abierto. Ahora que China necesita más que nunca seguir creciendo y compatibilizar su expansión económica con una mayor socialización de los beneficios entre su propia población, parece poco probable que renuncie a los efectos positivos que por ejemplo, suponen las 25.000 empresas japonesas que están invirtiendo en China.

Ahora bien, que China es el mayor acreedor de prácticamente el mundo entero le confiere un apabullante poder, que en cierto modo se convierte en una suerte de cheque en blanco en su manejo de las relaciones internacionales. Tal y como Hillary Clinton respondió en una entrevista en 2009 a la pregunta de por qué EEUU no azuzaba con más intensidad a China en relación al respeto de los derechos humanos, “¿cómo vas a negociar presionando a tu banquero?”. Ya 1989, además de la caída del Muro de Berlín y la World Wide Web, dejó patente en Tiananmen que China disfrutaba de vía libre en la comunidad internacional para hacer de los derechos humanos lo que mejor le pareciera. ¿Por qué ahora, que incluso su poder de negociación es aún mayor, iba a ser distinto?

Cierto es que de un tiempo a esta parte comienza a hablarse del retroceso económico del gigante asiático. Sin embargo, lejos de verlo como un obstáculo a su crecimiento, yo me cuento entre aquellos que perciben este aparente freno como un calculado movimiento de China. En el Pleno del 18 Comité Central del Partido Comunista Chino se han lanzado una serie de reformas consensuadas por la élite china dirigidas a autoinflingirse un controlado crecimiento por debajo del 8% para los próximos años. Unas reformas que a su vez van a suponer un giro hasta ahora desconocido en la sociedad del país: progresivo abandono del hukou que ha creado una auténtica doble ciudadanía en China, un enérgico impulso a la iniciativa privada en la economía o una suerte de flexibilización de la política del hijo único que ha implicado importantes desafíos en términos demográficos al país asiático, están entre las más destacables.

China sabe muy bien adónde se dirige, tiene un plan trazado a largo plazo. La cuestión ahora es si el modelo parasitario de Julián Pavón va a ser puesto en entredicho en relación a la apariencia de potencia pacífica que China ha dado en los últimos años de exponencial crecimiento.

¿Escenario de tercera guerra mundial? Desde luego, las cartas están boca arriba.

 

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Los nini de pura raza no abundan en España

Esta semana y como consecuencia del nuevo informe de la OCDE sobre el Panorama Educativo 2013, ha inundado las portadas de todos los periódicos el dato de que el colectivo ni-ni se ha disparado un 69% desde el inicio de la crisis.

Existe una confusión demasiado generalizada que ha llevado a una estigmatización injusta de una gran parte de los jóvenes españoles: el colectivo NI-NI.

¿Quiénes son verdaderamente los ni-ni?, ¿cuál es la primera imagen que a cualquier ciudadano de a pie se le viene a la mente cuando piensa en estos jóvenes? Probablemente la de un joven vago que ni quiere estudiar ni trabajar. Nada más lejos de la realidad y sobre todo, nada más cerca de otra de las injusticias que se está cebando con los desesperanzados jóvenes de esta sociedad.

El nini de pura raza es el NI-NI-NI: ni trabaja, ni estudia, ni quiere hacerlo. Este último “NI” es el más obviado por medios de comunicación, periodistas, ciudadanos e incluso políticos y cargos públicos que debieran utilizar la información con rigor y respeto.

Se tiende a estigmatizar al colectivo nini responsabilizándole de decisiones que, en una abrumadora mayoría de casos, no han tomado voluntariamente: bien  no trabajar ó bien no estudiar. Y se tiende con demasiada alegría al imaginario colectivo del joven vagando por las calles durante el día y haciendo botellón por las noches, sin ninguna ambición ni interés por dar un giro a su situación personal y laboral. No hay que negar que sí existe un porcentaje de jóvenes que responden a este perfil irresponsable, pero tampoco se puede generalizar esta actitud hasta llegar a afirmar que el 24% de las personas comprendidas entre 15 y 24 años ni quieren trabajar ni quieren estudiar.

Después de muchos meses leyendo titulares con gran falta de rigor en el manejo de los datos y escuchando a periodistas en tertulias que no se hacen eco de la verdadera situación que subyace en la juventud, hay que destacar uno de los mejores informes que podía arrojar algo de justicia a la cuestión: “Desmontando a ni-ni, un estereotipo juvenil en tiempos de crisis”, dirigido por el profesor Navarrete Moreno de la Universidad Complutense de Madrid. Según este documento, sólo el 1,73% de personas jóvenes entre 16 y 29 años son ni-ni de pura raza, es decir, son 136.000 los jóvenes que tienen este perfil en España. Muy lejos del 24% publicado esta semana.

La gran mayoría de los jóvenes que están entre ese 1,73% y el 24% publicado, es decir, los ni ni forzados, son jóvenes excluidos del sistema en una doble vía, la laboral y la educativa.

El 57% de desempleo que presenta este colectivo avala la exclusión por la vía laboral. Y entre ellos, especialmente dramática resulta la coyuntura en la que se encuentran titulados universitarios que tras haber hecho una importante inversión económica y en términos de tiempo y esfuerzo, no encuentran su lugar profesional.

En cuanto a la exclusión educativa, en primer lugar puede ser voluntaria. Comprensiblemente, una parte de los jóvenes que ya han permanecido en el sistema educativo un buen número de años, no encuentran estímulo o necesidad de seguir acumulando titulaciones. Pero la preocupación más llamativa proviene de la exclusión educativa impuesta, y que es predicada de aquellos que con la subida de tasas universitarias no pueden permitirse el gasto de seguir estudiando, sobre todo, si se tiene en cuenta que dos millones de familias en España, siendo éstas el principal colchón protector del Estado del Bienestar español, tienen a todos sus miembros en paro. Y es predicada también de aquellos que no pueden cursar un postgrado, tan importante tras las modificaciones operadas por el Proceso de Bolonia, porque los másteres oficiales se han encarecido un 69%.

Son los jóvenes de la eterna espera. Los que se levantan por la mañana y no se despegan del móvil porque tal vez suene con algún teléfono desconocido que responda a alguno de los curriculum que llevan meses enviando. Ni ni va hoy asociado a pérdida de esperanza e ilusión. Que me lo digan a mí, y a los compañeros que se licenciaron conmigo hace ahora dos años.

Esos jóvenes puede que sean NI-NI, pero no son NI-NI-NI.

 

 

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Comamos césped

Una tarde un famoso banquero iba en su limosina cuando vio a un hombre a la orilla de la carretera comiendo césped. Preocupado, ordenó a su chofer detenerse y bajó a investigar.

– ¿Por qué estás comiéndote el césped?
– No tengo dinero para comida. – dijo el pobre hombre – Por eso tengo que comer césped.

– Bueno, entonces ven a mi casa que yo te alimentaré – dijo el banquero.

– Gracias, pero tengo esposa y dos hijos conmigo. Están allí, debajo de aquél árbol.
– Que vengan también, – dijo nuevamente el banquero.
Una vez en el coche,  el hombre, con una voz lastimosa dijo:

– Sr., es usted muy bueno. Muchas gracias por llevarnos a todos!!!

El banquero le contestó: -¡Hombre, no tenga vergüenza, soy muy feliz de hacerlo!. Les va a encantar mi casa…. ¡El césped está como de veinte centímetros de alto!

Hay que reconocer que el chiste tiene su gracia, sobre todo en medio de una semana en la que Luis María Linde ha celebrado su primer aniversario como Gobernador del Banco de España por todo lo alto.

El Informe Anual presentado por la institución bancaria, ha tratado de poner solución mediante ciertas propuestas a la crisis del mercado de trabajo que está azotando España.

Una de esas medidas del informe presentado por Linde es la de permitir la supresión del salario mínimo interprofesional para aquellos colectivos con especiales dificultades de inserción en el mercado laboral. Cuando escuché la noticia, traté de recordar cuáles son las funciones principales que desempeñan los bancos centrales en las actuales economías de los Estados integrados en la Unión Monetaria: promover el buen funcionamiento y estabilidad del sistema financiero, supervisar la solvencia y cumplimiento de la normativa específica de las entidades de crédito, poner en circulación moneda metálica, elaborar estadísticas o asesorar al Gobierno mediante informes relacionados con asuntos de su competencia destacan entre ellas. Parece ser que el citado informe, podría entrar dentro de esta última de sus funciones, aunque cabe preguntarse si opinar acerca de la cuantía del salario mínimo está muy relacionado con el buen funcionamiento del sistema financiero.

La presentación del informe ha tenido lugar precisamente en medio de unos días  en los que  la troika ha vuelto a visitar a España y han brillado por su ausencia las felicitaciones que sí hubo en la anterior de las visitas y  precisamente en un momento en el que la propia ministra de empleo, Fátima Báñez insta al Presidente del Banco de España a que el crédito fluya para empresas y familias, y a desentenderse por tanto, de otros menesteres que quedan fuera de su competencia.

 Son muchas las preocupaciones que Linde debería tener en mente antes de aconsejar al Gobierno profundizar en la merma de derechos que ya de por sí está sufriendo la sociedad española. Quizás habría que recordarle al Banco de España que ya ha habido una devaluación interna de los salarios equivalente al 44% desde que comenzó la crisis. Tal vez una devaluación parecida de las retribuciones percibidas por el propio Gobernador del Banco y cargos similares podría coadyuvar a generar ingentes cantidades de puestos de trabajo. Quizás sería conveniente recordar que el salario mínimo interprofesional está situado en los 645 euros (incluidas las dos pagas extraordinarias), mientras en otros países de nuestro entorno, que incluso han sufrido la intervención directa del rescate europeo, como Irlanda, lo tienen ubicado en los 1499 euros. O tal vez sería pertinente no olvidar al 35% de los trabajadores en España que ó ya están cobrando el salario mínimo ó están incluso por debajo, a pesar de que la Constitución Española en el artículo 35 estipula que “todos los españoles tienen el derecho… a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia”.

Si de lo que se trata es de  frenar la destrucción de empleo y empezar a crearlo, la reducción de los salarios lo que provoca es una merma del poder adquisitivo que conlleva una automática restricción del consumo, que acaba generando más desempleo ante la falta de actividad para las empresas. Además, la devaluación salarial contribuye a aumentar las bolsas de pobreza, ya de por sí elevadas, que acaban paliándose con un necesario incremento del gasto público, justo lo que se está pretendiendo reducir. ¿No sería, señor Gobernador, su medicina peor que la enfermedad?

Incluso la propia CEOE se ha pronunciado al respecto de la propuesta y ha aconsejado al Banco de España que se preocupe por que fluya el crédito y “no se meta en las contrataciones”. Resulta cuanto menos sorprendente que ante un sistema financiero que ha sido el agravante principal de la crisis económica en la que España está sumida, ante escándalos como el de las preferentes, o el de los desorbitados salarios (precisamente salarios…)  que han cobrado personalidades como la presidenta del SAREB, aún Luis María Linde  y la institución a la que representa tengan la valentía de presentarse ante los medios de comunicación para mostrarle a España cuáles son las propuestas con las que pretenden amortiguar la destrucción de empleo.

Que la crisis económica esté disparando la ansiedad entre los jóvenes,    que la confianza de los consumidores esencial para la recuperación económica, siga cayendo, que España sea ya el país con mayor desigualdad de la eurozona,  que haya ya más de dos millones de españoles en el extranjero, que las mujeres en Europa trabajan gratis 69 días al año o que hasta la justicia europea haya declarado ilegales las normas sobre desahucios en España, se me antojan asuntos de extremada gravedad sobre los que me gustaría saber la opinión de Linde y sus colegas.

Si hasta la patronal y los sindicatos están logrando acuerdos para sacar al país de la situación en la que se encuentra. ¿No podrían hacer el resto de instituciones, especialmente del sector financiero, lo mismo?

Mientras tanto, que nos aproveche el césped. Al fin y al cabo, incluso desde la ONU se nos anima a disfrutar de los manjares de los insectos para paliar el hambre.

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Los piratas del siglo XXI

Película de El Jardinero Fiel.- Google Imágenes

Película de El Jardinero Fiel.- Google Imágenes

El Jardinero fiel, una gran película basada en la novela de John Le Carré, sacudía en 2005 el mundo del cine y daba voz a una situación que permanece impune en el desconocimiento social, la de los intereses de las poderosas multinacionales  farmacéuticas.

Estas empresas se encuentran entre las industrias que más dinero mueven en el mundo, se trata de un sector cuyo valor ronda los 700.000 millones de dólares. Para hacernos una ligera idea, el mejicano Carlos Slim, que recientemente ha sido de nuevo confirmado por la revista Forbes como el hombre más rico del mundo, posee un capital de 73.000 millones.  Como todo gran negocio, para las farmacéuticas no es fácil mantener este estatus, y por eso concentran todos sus esfuerzos en crear nuevos medicamentos que les permitan generar nuevas patentes.

Sin embargo, resulta interesante preguntarse de dónde surgen esas patentes, quiénes se lucran de los cuantiosísimos beneficios que éstas generan o de qué conocimientos se nutren las investigaciones farmacéuticas.

Recientemente, el Parlamento Europeo ha debatido un informe presentado por una diputada del Grupo Verde de la Eurocámara acerca de estas cuestiones. En la actualidad, en torno a tres cuartas partes de la población mundial depende de medicamentos compuestos a base de elementos naturales como  plantas o flores con propiedades medicinales. Por ejemplo, la vinca rosa, una flor procedente de Madagascar, es fundamental para el desarrollo de fármacos que luchan contra enfermedades como la leucemia o la diabetes. Para que estas propiedades sean descubiertas por las farmacéuticas que dan lugar a los medicamentos, estas empresas recurren en sus investigaciones a la sabiduría popular de los pueblos indígenas que viven en países en desarrollo fundamentalmente de África. Una vez que estas multinacionales han dado con el fármaco final, protegen su descubrimiento a través de patentes que les revertirán ingresos con carácter exclusivo durante los diez años siguientes. Parecería coherente y justo que en la medida en que tres cuartas partes de esos ingresos se deben al conocimiento prestado por poblaciones indígenas, éstas pudieran beneficiarse de parte de esos ingresos. Sin embargo, cabe apelar de nuevo al Jardinero Fiel, porque evidentemente esto no sucede.

Esta realidad responde a lo que se conoce como biopiratería, definida por el  citado Informe del Parlamento Europeo como “la apropiación indebida o la obtención ilícita de beneficios comerciales por el uso de conocimientos tradicionales”

Son numerosos los instrumentos jurídicos a nivel internacional que protegen la propiedad intelectual de estos conocimientos populares, y estipulan no sólo que el uso de los mismos debe producirse de acuerdo con el consentimiento previo y explícito de los países en desarrollo, sino que además debe hacerse bajo unas condiciones mutuamente acordadas, lo cual incluye una lógica participación de los beneficios generados por los medicamentos patentados, que recordemos, generan 700.000 millones de dólares. La Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (2007) y sobre todo el Protocolo de Nagoya  sobre el Acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios  que se deriven de su utilización (protocolo al Convenio de Diversidad Biológica), que supuso en 2010 sin  duda un avance muy importante en materia de lucha contra la biopiratería, son dos de tales instrumentos. Un Protocolo este último que por cierto, aún no ha sido ratificado por la Unión y sus Estados Miembros, una de las demandas del Informe que hemos citado.

Es fundamental para que esta situación cambie que los países en desarrollo sean capaces de elaborar legislación en materia de Acceso y Participación de Beneficios, pues de lo contrario, obligar a los países occidentales a respetar el valioso conocimiento sobre los recursos naturales de las poblaciones africanas, redunda en una tarea prácticamente imposible. Sin embargo, esto supone un esfuerzo adicional para Estados que en gran medida, son frágiles en capacidades jurídicas e institucionales. En este sentido, la fortaleza de las instituciones es vital para el éxito de ésta y otras cuestiones relacionadas con cooperación al desarrollo.

La Unión Europea puede presumir de ser el primer donante de ayuda humanitaria del mundo, y es precisamente por esa razón por la que se le puede exigir a la Unión que en cuestión de derechos de propiedad intelectual desarrolle una política coherente con la trayectoria responsable en cooperación y ayuda humanitaria que viene caracterizando a Europa. Ratificar el Protocolo de Nagoya sería un buen comienzo , lo cual debe ir acompañado de un firme compromiso por contribuir al fortalecimiento institucional de los países en desarrollo. Propuestas concretas en esta materia serían, por ejemplo, ayudarles a elaborar bases de datos con conocimientos tradicionales, como proponía la diputada ponente del informe.

Parece que el Parlamento Europeo, y en concreto la diputada de los Verdes Catherine Grèze, ha comenzado un buen trabajo al contribuir a destapar la situación de espoleo a la que los países en desarrollo y sus pueblos son sometidos por parte de las grandes multinacionales con el beneplácito de los gobiernos occidentales, ansiosos por generar valor mediante políticas de I+D+i que protejan a sus empresas.

Sin embargo, resulta cuanto menos contradictorio que sea ésta la misma institución que permite a cientos de lobbies y grupos de presión imponer sus intereses en la legislación que aprueban las instituciones comunitarias. El pasado mes de febrero la ONG Privacy Internacional denunciaba que varios diputados del Parlamento Europeo habían copiado literalmente párrafos completos de las enmiendas de ciertos lobbies relativas a la Ley de Protección de Datos de los consumidores que se está tramitando en la Eurocámara.  No parece que esté dando muchos frutos el Nuevo Código de Conducta que el Parlamento Europeo aprobó en diciembre de 2011 como consecuencia de una situación parecida.

De todas formas, y aunque esta no es la única de las contradicciones  a las que el Parlamento Europeo da lugar frecuentemente, cabe albergar un poco de esperanza en que al menos, el buen hacer en esta ocasión de la Eurocamara al denunciar la biopiratería, dé lugar a que los países en desarrollo puedan disfrutar de los derechos que les pertenecen.

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