Alternativas ¿viables? a la crisis humana que tenemos en casa

La intensificación de los conflictos, guerras y catástrofes a nivel global está impulsando a muchos seres humanos a abandonar sus países de origen en busca de un futuro más próspero. La grave situación que Grecia e Italia están viviendo las últimas semanas como consecuencia del agravamiento de conflictos como el que está teniendo lugar en Siria, ha supuesto un incremento exponencial del número de solicitantes de asilo que ha puesto contra las cuerdas tanto a los Estados que lo están sufriendo como a la Unión Europea en su conjunto. De los 300.000 solicitantes de asilo que había en el año 2004 se ha pasado a los más de 600.000 que hubo el pasado año 2014.

Es complejo dispensar la protección que muchos de ellos requieren como consecuencia de los múltiples peligros que sufren en sus países de origen, puesto que es sumamente complicado distinguir cuántos de ellos y quiénes vienen porque requieren dicha protección y cuántos por motivos exclusivamente económicos, lo que se conoce como flujos migratorios mixtos. Además, la pretendida Política Europea Común de Asilo no es verdaderamente común.

Lo cierto es que este crecimiento inédito e incesante de solicitantes de asilo e inmigrantes que arriban a las costas europeas ha llevado a que en los últimos años la Unión Europea haya aumentado sus esfuerzos por impedir que lleguen a Europa estas personas, generando con ello el indeseado efecto de incrementar los flujos de inmigración irregular impulsados por las mafias.

En medio de esta compleja vorágine de recientes acontecimientos la Comisión Europea planteaba el pasado mes de mayo un nuevo sistema de reparto de solicitantes de asilo entre los Estados Miembros de la Unión Europea con el objetivo de que no se responsabilicen de su llegada únicamente los Estados más vulnerables y sometidos a mayores presiones migratorias, como son los ubicados en el sur de Europa y en las rutas de inmigración mediterránea. Esta propuesta no ha estado exenta de polémica y desacuerdos entre los Estados Miembros, entre los cuales se halla la disconformidad de España.

El nuevo sistema se basa en un reparto de los solicitantes en función de cuatro variables, como son el PIB del Estado Miembro, el nivel de desempleo que presenta, la población que albergue y el número anterior de refugiados que el Estado en cuestión viniera asumiendo anualmente.

Independientemente de cuestiones ideológicas varias que preocupan a algunos Estados y en especial a algunos partidos políticos especialmente reticentes a la inmigración, lo cierto es que el sistema alternativo propuesto trae consigo importantes desafíos que como poco, retan su viabilidad. Para empezar, cabe preguntarse hasta qué punto hacer depender de variables económicas el número de solicitantes que un país debe asumir es una alternativa estable en el tiempo en la medida en que no hay nada más efímero y cambiante que variables económicas como el desempleo o el PIB.

Además conviene cuestionar también la capacidad de un país para absorber el número de refugiados que el nuevo sistema propone. España, por ejemplo, pasaría de haber concedido cerca de 6.000 solicitudes de asilo el pasado año 2014 a tener que asumir en torno a 60.000 el próximo año. Lejos de ser viable, es una propuesta a todas luces imposible de implementar en tan corto espacio de tiempo aunque sólo sea por cuestiones meramente administrativas y logísticas.

Por su parte y desde un punto de vista más jurídico, el sistema de cuotas sería difícilmente compatible, si no irreconciliable, con el sistema de Dublín actualmente vigente. La última de las reformas del Reglamento de Dublín se produjo el pasado año 2013, con la introducción de importantes mejoras relativas a los derechos humanos de los solicitantes de asilo. Un sistema de cuotas alteraría por completo el mecanismo que este reglamento regula y que lleva funcionando con una eficacia bastante aceptable desde los años noventa.

Lo cierto es que de un modo u otro, la Unión Europea debe dar respuesta al descomunal drama humano que cada día vemos en las portadas de todos los periódicos. Veremos por qué alternativa se decanta, pero desde luego por razones humanitarias, económicas y de estabilidad socio-política a la Unión Europea le conviene actuar con contundencia y prontitud.

La DesUnión Europea ante sus múltiples retos

Parece que la Unión Europea no termina de arrancar institucional y funcionalmente tras más de cuatro meses desde las elecciones del pasado mayo. Estos últimos han sido días polémicos. Los máximos representantes a nivel europeo siguen atascados tratando de decidir los nuevos comisarios que integrarán el Ejecutivo de la Unión. Las tensiones entre los Estados miembro de un club de nada más y nada menos que 28 países y la Comisión Europea que aspira a ser su Gobierno, revelan las disfuncionalidades de una maquinaria que tras más de 60 años debiera estar mucho más engrasada. Una DesUnión que impide abordar los innumerables  retos a los que la Unión Europea debe hacer frente en el corto y medio plazo.

La inmigración es desde luego uno de esos desafíos más destacables, y además bien conocido en un país como España después de un verano en el que las fronteras de Ceuta y Melilla han sufrido una presión desmedida. Recientemente hemos recordado el primer aniversario de la tragedia de Lampedusa, cuando una Europa espantada por semejante desastre se aceleró a hacer promesas que no ha cumplido más allá de tímidos avances. En este sentido, que Italia esté  ejerciendo en este segundo semestre la presidencia rotatoria del Consejo contribuye a dotar de mayor visibilidad y acción a un drama humano en el que quiera o no, la Unión está directamente implicada.

Pero este no es el único de los retos. En la esfera económica, el pronóstico está lejos de ser soleado y el propio Mario Draghi reconoce que “la recuperación es débil, frágil y desigual”. Y de nuevo los enfrentamientos entre Estados miembro de una Unión de intereses teóricamente compartidos van a impedir que instituciones como el Banco Central Europeo adopten medidas que tendrían que haberse implementado hace ya mucho tiempo. A estas alturas no es  comprensible que la UE y que Draghi a través de la institución a la que representa, siga hablando con timidez y temor sobre la compra de deuda pública después de siete años de crisis económica, tasas de pobreza generalizadas y mercados de trabajo devastados.

Y mientras éstos y otros muchos desafíos amenazan la prosperidad y dignidad de 500 millones de europeos y la estabilidad del resto del mundo, las guerras institucionales en Bruselas siguen su curso. El atasco que está generando el nombramiento de los comisarios europeos de Juncker no deja de sorprender precisamente porque éste fue apoyado por liberales, socialistas y populares en la sede del Parlamento Europeo. ¿De veras son esos mismos parlamentarios los que ahora están atrasando la formación de una Comisión que se necesita  para dirigir los asuntos que demandan atención inmediata?

El Tratado de Lisboa nació precisamente, para entre otras cosas, dotar de mayor equilibrio y agilidad al engranaje institucional. Y aunque lo cierto es que  la presencia de países tradicionalmente infrarrepresentados ha alcanzado el alto nivel con Polonia al frente del Consejo Europeo e Italia en la presidencia del Servicio Europeo de Acción Exterior, después de cinco meses desde las elecciones, ya va siendo hora de que la Unión defina completamente su nueva estructura a través de una Comisión estable, cohesionada y concentrada en servir al interés europeo. Y debe hacerlo, además, con la debida coherencia de la que dudaba Ignacio Torreblanca al presentar  “un británico al frente de los servicios financieros, a un francés al frente del control del déficit, a un ministro de Defensa griego al frente de inmigración y a un húngaro al frente de los derechos fundamentales”. Si éstas son o no  elecciones acertadas para integrar el colegio de Comisarios será algo que habrá que calibrar pasado el tiempo.

Al sistema político europeo se le dio vida en los años cincuenta por una razón, y los ciudadanos europeos que lo sostenemos con nuestro esfuerzo, tenemos derecho a exigir el buen funcionamiento que justifica su existencia. Por ello, aquellos que confiamos en el proyecto europeo debemos seguir trabajando para que la DesUnión conyuntural que en los últimos años de crisis económica ha sido patente en muchos momentos, no se convierta en estructural y acabe minando los indudables beneficios que la UE puede reportar a los Estados europeos, sus ciudadanos y los múltiples retos que tiene por delante.

Un pequeño paso hacia un gran fin

Aun a pesar de ser el único continente capaz de autosatisfacer todas sus necesidades por tener a su disposición todo tipo de recursos, concentra la mayor parte de la pobreza mundial. África es el origen de  la práctica totalidad de la inmigración irregular que está llegando a los países del sur de Europa en los últimos meses fruto de la desesperanza causada por la pobreza y las huidas masivas de guerras civiles y conflictos violentos.

En el artículo anterior me preguntaba acerca de los posibles cursos de acción que pueden tomarse ante la catastrófica situación que se está viviendo en fronteras como las de Ceuta y Melilla. En busca de medidas, recientemente acaba de concluir la Cumbre África-Unión Europea cuyo tema central ha sido precisamente la inmigración irregular y las devastadoras causas que la propician y consecuencias que provoca. Su objetivo último ha sido el de  fomentar una mayor colaboración en la materia entre ambas partes para llegar a acuerdos que permitan atajar este drama humano.

Ha sido esencia de la Cumbre a instancia de los socios europeos el deseo de lograr un mayor compromiso africano en la lucha contra la inmigración irregular y  la más eficaz gestión fronteriza. En este sentido pareciera que el mayor coladero de inmigración irregular fueran las propias fronteras. Pero ni los medios de comunicación se hacen suficiente eco ni la opinión pública pone demasiado interés en estar informada sobre datos como el siguiente: según la Agencia Frontex en 2013 hubo 90.000 entradas ilegales mientras 326.000 personas se convirtieron en inmigrantes irregulares tras expirar el visado turístico que hasta el momento les había permitido permanecer de modo regular en Europa. Esto prueba que el verdadero problema de la inmigración irregular en Europa no reside exclusivamente en los paises de origen y en los asaltos a los puestos fronterizos, y que Europa tiene deberes dentro de su propio territorio.

No obstante, sí es cierto que algo hay que hacer ante la emergencia que se está viviendo  en lugares como Melilla y por ello la citada Cumbre aludió a la  necesidad de un mayor  desarrollo en estos países para atajar las causas últimas que inducen a emigrar. Hay que mitigar las razones que impulsan a miles de personas a abandonar sus hogares para aventurarse a llegar por las vías más arriesgadas a países que como España están desbordados por la inmigración irregular. Se trata de lograr un desarrollo humano y sostenible en virtud del cual estos países  afiancen sus estructuras institucionales y generen un verdadero avance social y económico. Sin dejar de destacar la importancia que reviste el compromiso y voluntad de los propios países de origen para lograrlo, no hay que olvidar ciertas consideraciones respecto a la política de cooperación al desarrollo en los países occidentales cuyo fin último es también el desarrollo.  Desde la conocida Declaración de París de 2005 se viene reconociendo la importancia de la eficacia en la agenda del desarrollo, una eficacia que no depende tanto del monto de Ayuda Oficial al Desarrollo como los 28.000 millones prometidos a África en esta Cumbre hasta 2020, sino de aspectos relacionados entre otros con la necesidad de mayor coherencia entre las políticas de cooperación al desarrollo y otras políticas como la comercial. Porque, ¿de qué sirve que se incremente la ayuda al desarrollo si Europa no da un giro radical en su absurda política agraria común que tanto ha asfixiado a los países pobres?, ¿tiene acaso algún sentido una política de cooperación económicamente generosa si sus posibles avances son neutralizados por los devastadores efectos que tienen los vertederos de tecnología  como este procedente de España y otros países europeos? Aún no se ha interiorizado en Occidente que más no es ni siempre ni necesariamente mejor. Coherencia es lo que se necesita para con África.

En la Cumbre también ha sido propuesto por los países europeos la posibilidad de abrir vías para la entrada legal, como pueden ser las llamadas migraciones circulares, es decir una inmigración que llega de modo temporal y en momentos concretos del año para cubrir determinadas  necesidades laborales del país  de destino. Sin embargo, cabe dudar sobre la viabilidad de estos acuerdos bilaterales en la medida en que los mercados de trabajo europeos en este momento se encuentran completamente agotados y sus modelos productivos en proceso de reconversión. Además esta forma de movilidad reiterada entorpece el deseo natural de todas las personas de asentarse permanentemente en un mismo lugar en el que dar forma a una vida personal y laboral.

Pese a las dificultades que enfretan las propuestas debatidas en la Cumbre, lo cierto es que se requiere mayor colaboración entre los países de origen y destino sin olvidar a los de tránsito, y que la cooperación y compromiso de todos los socios europeos es esencial. Pero Occidente no debería olvidar, como bien queda explicado en artículos como este, que tarde o temprano necesitará atraer  inmigración que sostenga los Estados de Bienestar europeos que su escasa natalidad no podrá en breve mantener.

En todo caso esta Cumbre propicia un mayor entendimiento entre ambos continentes, y sin duda es un pequeño pero primer paso para lograr el gran fin: evitar que estas personas arriesguen y pierdan su vida como está sucediendo.

Morir sin nada que perder

Al mirar a Ceuta y Melilla durante las últimas semanas se comprenden las palabras de James Baldwin cuando afirmaba que la creación más peligrosa de una sociedad es la de un hombre que no tiene nada que perder.

Recientemente alarmaba el dato de que más de 80.000 personas están en Marruecos y Mauritania esperando el momento para cruzar la frontera y llegar a España en busca de un futuro mejor. Es por un lado la desesperación causada por las guerras y la pobreza, y por otro la imposibilidad de países como España de acoger a todos los que desean entrar a un país que les conceda una vida digna, lo que está generando este drama humano de enormes proporciones.

Cómo hacerle frente sin someter a un desafío imposible a los países de acogida es lo que está en pleno debate. Hay que partir de la idea de que existe un derecho humano reconocido por la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 a emigrar y elegir el lugar de residencia. Sin embargo, la entrada al territorio de otro Estado está condicionada por la propia soberanía que los países tienen sobre sus fronteras. Es en esta soberanía territorial donde se amparan las políticas que restringen la entrada de inmigrantes y que tan extendidas están en los tradicionales países de destino como Estados Unidos y Europa.

Estas políticas restrictivas han hecho del sistema global migratorio lo que Joaquín Arango ha bautizado como la era de la inmovilidad involuntaria: es decir, para poder inmigrar no basta con querer  sino que es necesario poder hacerlo a la vista de las barreras erigidas por los países de destino. Sin embargo y pese a tales restricciones la presión migratoria es una realidad al alcance de cualquiera que en un momento dado encienda su televisión o abra las páginas de internacional de cualquier periódico. El régimen de iure que impide la entrada de todos cuantos desean asentarse no ofrece una respuesta a la realidad que se vive en puntos como Ceuta o Lampedusa. Una política restrictiva no elimina por sí misma las presiones que inducen a emigrar a esas 80.000 personas que no tienen nada que perder.  ¿Hasta qué punto, por tanto, están funcionando las políticas restrictivas?

No puede sin embargo acusarse a los gobiernos de países como España, Italia o Grecia de no gestionar semejante desafío adecuadamente, ni abandonarles ante un reto que es común para todos los países de la Unión Europea. Es cierto que  aquí y allá se han cometido errores de desastrosas consecuencias, pero desde luego la Suecia de Malsmtröm no es el mejor punto geográfico para juzgar lo que se decide en Madrid, cuando además la emergencia es inminente y se enfrenta con escaso apoyo de los socios europeos.

Tristemente los países de acogida como España no tienen la capacidad de absorber toda la inmigración que llega o pretende hacerlo, sobre todo en un momento de crisis económica en el que el mercado de trabajo está completamente agotado y en proceso de reconversión y la explotación laboral del inmigrante irregular está a la orden del día con la consecuente violación de sus derechos y las serias repercusiones que esto implica para las arcas de la seguridad social. Sencillamente no se puede abrir de par en par las fronteras, pero tampoco es una opción responder con infructuosas políticas restrictivas o  permanecer impasibles ante el drama humano que impulsa a miles de personas a estar dispuestos incluso a perder su vida.

La pregunta es qué se puede hacer ante la gravedad de la situación. Reconozco que desde la tragedia de Lampedusa el pasado mes de octubre no he dejado de pensar en ello, en las personas que desesperadas aguardan en Melilla para llegar a donde creen que una vida mejor les espera, en aquellos que ahora mismo sienten haber realizado su sueño  porque esta noche embarcarán en una miserable patera de la mano de mafias despiadadas que a conciencia envían a la muerte. A corto plazo, de modo inminente sería complejo diseñar una estrategia que atajara este desastre con rapidez, a medio – largo plazo creo que sí hay cursos de acción y políticas que pueden ser implementadas:

•  Codesarrollo: un ámbito muy olvidado de la política de cooperación al desarrollo y tildada en ámbitos académicos e intelectuales de política utópica más por comodidad que por genuino convencimiento de su inutilidad. Se debe hacer mucho más énfasis en la mejora de la educación en los países en desarrollo, porque de ello depende que se genere una inmigración más cualificada, que es realmente la que se pretende atraer desde Europa y desde Estados Unidos.
• Mayor persecución de mafias que trafican con personas. Es necesario cuestionarse hasta qué punto las mafias están siendo objeto de prioridad por parte de la comunidad internacional y los cuerpos de seguridad de los distintos Estados de origen y destino, es fundamental su identificación y progresivo debilitamiento para una lucha eficaz no sólo contra los flujos de inmigración irregular, sino contra la sistemática vulneración de derechos humanos.

• Recursos humanos para las Administraciones Públicas. La Administración Pública está en gran medida saturada y con necesidad de personal para llevar a cabo proyectos de gran envergadura, gestionar políticas e implementarlas. Las enormes restricciones en la convocatoria de oferta de empleo público no hacen sino entorpecer gravemente a unos poderes públicos que en muchas ocasiones se encuentran maniatados por la tan fácilmente solucionable falta de recursos. Se necesita una Administración a la altura de los desafíos que enfrenta, y contar con suficientes gestores y administradores públicos para ello es esencial.

Se ha discutido mucho acerca de si la inmigración es o no un problema. Desde luego, que haya personas muriendo porque no tienen nada que perder no es un problema, es una catástrofe.

¿Quién convencerá a Elisa?

“Es muy difícil llevar la contraria en España. Llevar la contraria no a los del bando contrario, sino a los que parecería que están en el lado de uno; llevar la contraria sin mirar a un lado y a otro antes de abrir la boca para asegurarse de que se cuenta con el apoyo de los que saben o creen que uno  está a su favor; llevar la contraria a solas, diciendo lo que le parece a uno indigno callar, sabiendo que se arriesga no a la reprobación segura de quienes no comparten sus ideas sino al rechazo ofendido de los que lo consideraban a uno de los suyos… es muy difícil llevar la contraria al precio de abdicar del derecho al libre pensamiento”. Así describe Muñoz Molina en Todo lo que era sólido la inquebrantable lealtad que los miembros de los partidos políticos rinden en España a sus cúpulas y direcciones.

Si los diputados y senadores en España debieran su puesto no a la burocracia del partido sino a los electores, probablemente esa pronta devoción sería para los ciudadanos y al fin las citas en las urnas cada cuatro años tendrían algún sentido en democracia. Aún resuena el ejemplo de Cameron cuando tuvo que encajar el revés sufrido dentro de su propio partido al rechazar la moción sobre el debatido bombardeo a Siria que finalmente nunca tuvo lugar. Se trató en aquel momento de parlamentarios que optaron por no ondear la bandera de la obediencia al partido sino por ejercer la responsabilidad individual frente a quienes los eligieron. Según datos recientes del CIS, si algo parecido sucediera en España el 96% de los parlamentarios defendería que tales diputados no sólo debieran abandonar el partido, sino que además deberían renunciar también a su escaño. Es al calor de esta falta de correspondencia entre los líderes políticos y lo que los ciudadanos esperan de ellos que se generan gritos como “no nos representan”.

Obviamente, del mismo modo que no se le pueden pedir peras al olmo tampoco se puede esperar de nuestro sistema electoral frutos que no puede ofrecer. Pero precisamente de ahí la necesidad de una reforma que mal que nos pese nunca se producirá por una mera cuestión de cultura política, el verdadero mal de este país. En España no existe un verdadero compromiso cívico-político para optimizar de modo honesto y honrado el funcionamiento del sistema.  Estoy segura de que no es una coincidencia que la incontestabilidad del liderazgo político en España vaya pareja  a las recientes preocupaciones del Consejo de Europa por la cronificación de la corrupción política.

Quizás haya quien piense que soy excesivamente crítica con los partidos, el corazón de la democracia occidental, sobre todo en estos tiempos preelectorales  en los que la confianza en ellos debería ser más firme que nunca. Sobre todo en estos días en los que las opciones más o menos decentes han degenerado en la sordidez de partidos extremistas a los que en mayo se vaticina un éxito que deberíamos temer. Probablemente Daniel Innerarity tenga razón cuando afirma que todavía peor que un sistema con malos partidos es un sistema sin ellos. Pero dudo que la solución sea tan simple como esperar que la crisis de los partidos se supere cuando los haya mejores.

En mayo España y el resto de países del entorno enfrentan un reto mucho mayor del que probablemente creemos. Frente a la falacia que representan los partidos políticos, ¿cómo convencer a los ciudadanos de que su participación es, una vez más, vital para mantener esa democracia que viene siendo la Unión Europea, y que durante los últimos cinco años no ha sido capaz de dar una respuesta clara al desastre social generado?, ¿Quién convencerá a Elisa de ello?

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